Petición urgente por crisis económica deriva del CORONAVIRUS
Laura Sanchez-Cañete Moreno autonomos, empresa, fiscal, pymes
Habida cuenta de que parece ser que el Gobierno no está planteándose la eliminación de la obligación de presentar las declaraciones tributarias del primer trimestre del 2.020, desde Alben ABOGADOS Y ECONOMISTAS hemos pedido al Colegio de Economistas, del que formamos parte, que se valore la opción de que, a nivel nacional, desde los colegios y las asociaciones de profesionales, se plantee al Gobierno, en nombre de los empresarios, pequeños y medianos, y de los profesionales, nuestra negativa a efectuarlas, habida cuenta de la limitación de circulación de las personas que tenemos impuesta, que dificulta su presentación; habida cuenta de la paralización de la actividad económica, que nos está limitando nuestros recursos económicos; y habida cuenta de la enorme carga de trabajo administrativa que tenemos en los despachos y en las empresas, como consecuencia de los ERTE´s, de las solicitudes de prestación de desempleo para nuestros trabajadores y de las solicitudes de prestaciones para los autónomos, que hay que realizar. E incluso que se estudie la posibilidad de emprender acciones judiciales, con la adopción de las consiguientes medidas cautelares, contra lo que todos consideramos un atropello. Todo ello, en aras, únicamente, de que sea respetado el interés general consistente en la promoción de la economía, para asegurar a TODOS una digna calidad de vida, como la propia Constitución reconoce en su preámbulo; y en aras de que las PYMES y los profesionales vean también salvaguardados sus derechos.
Y es que no sólo se les impone la obligación de seguir pagando cuotas de seguridad social (que no recuperarán hasta que sean reconocidas las prestaciones de los autónomos, si es que le son reconocidas, porque la redacción de su regulación y los requisitos para su obtención son y están siendo aplicados muy restrictivamente) sino que los ERTE´s son inciertos ya que dependen de la decisión de la autoridad laboral y la avalancha de expedientes limita su admisión, por motivos estrictamente económicos. Además tienen que seguir atendiendo al resto de gastos de la actividad productiva, que no son baladí; tienen que seguir asumiendo sus compromisos de pagos; y además, deberán seguir haciendo frente al gasto familiar y personal, por mínimo que sea. A lo que se añade las escasas ayudas económicas que se han aprobado desde el Gobierno. Y todo esto con ingresos cero o, en el mejor de los casos, con ingresos mínimos (con contadas excepciones).
La única solución dada a estos empresarios y profesionales es que se endeuden para poder seguir pagando sus gastos y los impuestos; pero esto no es solución porque los negocios no pueden endeudarse más cuando saben con bastante certeza que el posterior reintegro del capital que ahora obtendrían, resultaría difícil, no sólo porque los beneficios en condiciones normales, no permiten más endeudamiento, sino también por el escenario económico que nos encontraríamos tras salir de la crisis, que no va a ser otro que el de un país endeudado, que va a volver a echar mano de los empresarios y profesionales de este país para que con su esfuerzo fiscal y de cotización, salgan al frente del país.
Mientras tanto, el resto de colectivos, como los funcionarios, cargos públicos, políticos, arrendadores, aseguradoras, entidades financieras, empresas de luz, agua, telefonía, etc. no ven reducidos sus ingresos. Es decir, las personas empresarias o profesionales son las que van a soportar el peso de esta crisis económica que se nos ha venido encima; con lo que no se garantiza la promoción de la economía, porque las pequeñas y medianas empresas difícilmente serán capaces de generar riqueza, ante esta situación.
Es obvio que esta falta de generación de riqueza la tenemos que asumir entre todos, so pena de convertir a España en un país pobre, en el que sólo vivan unos cuantos.
En Alben ABOGADOS Y ECONOMISTAS seguimos defendiendo tus intereses.