Considera el Tribunal que las sucesiones y las donaciones están comprendidas en el ámbito de aplicación de las disposiciones del Tratado relativas a los movimientos de capitales, salvo en los supuestos en que sus elementos constitutivos se circunscriban al interior de un solo Estado miembro -lo cual no es el caso- y, en la medida en que, en una sucesión o en una donación, la normativa de un Estado miembro hace depender la aplicación de una reducción en función del lugar de residencia del causante y del causahabiente en el momento del fallecimiento, o del lugar de residencia del donante y del donatario en el momento de la donación, o también del lugar en el que está situado un bien inmueble objeto de sucesión o de donación, cuando ello origina que las sucesiones o las donaciones entre no residentes, o las que tienen por objeto bienes inmuebles situados en otro Estado miembro, soporten una mayor carga fiscal que las sucesiones o las donaciones en las que sólo intervienen residentes o que sólo tienen por objeto bienes inmuebles situados en el Estado miembro de imposición, constituye una restricción de la libre circulación de capitales.

Esto ocurre en nuestra legislación del impuesto, en la que la L 22/2009 art.32 y 48 permite expresamente a las CCAA la posibilidad de regular determinados beneficios fiscales  que sólo se aplican en el caso de conexión con el territorio de estas comunidades, sin que tales beneficios resulten aplicables a una sucesión o una donación en la que intervenga un causahabiente o un donatario o un causante no residente, o a una donación o sucesión cuyo objeto sea un bien inmueble situado fuera de España, por lo que en la práctica el valor de esa sucesión o esa donación se reduce. Cabe resaltar que el Tribunal no cuestiona el reparto de competencias entre España y las CCAA, sino el criterio de conexión previsto en la legislación española, que solo permite la aplicación de reducciones fiscales en los supuestos en los que los sujetos pasivos residen en el territorio de esas Comunidades o cuando el bien inmueble se encuentra situado en el territorio de las mencionadas comunidades.

Por otra parte, esta restricción de la libre circulación de capitales no se justifica por cuanto que no existe ninguna diferencia entre la situación objetiva de un residente y la de un no residente que pueda sustentar una diferencia de trato.